miércoles, 26 de julio de 2017

¿Cambiaremos?

Por Yanina Pantiga (*)
Un pilar fundamental para el progreso de las sociedades es el respeto por las instituciones, siendo el derecho de propiedad una de ellas. De hecho, todos los países que son exitosos tienen un alto respeto por el derecho de propiedad y ningún país que no respeta este derecho tiene éxito, ¿será coincidencia o habrá una relación de causa y efecto?
El IPRI es un índice que mide la fortaleza del derecho de propiedad física e intelectual en numerosos países a lo largo del mundo y demuestra el rol de vital importancia que juega este derecho a los efectos de lograr una sociedad próspera y justa.
El IPRI tiene tres componentes: el entorno legal y político (LP), los derechos de propiedad física (PPR) y los derechos de propiedad intelectual (IPR). Al analizar la interacción de los tres componentes, surge que la mayoría de los países que se ubican en los puestos más bajos del ranking evidencian los peores resultados en el componente LP. Por el contrario, los países que encabezan el ranking, lograron un muy buen desempeño en relación al entorno legal y político, lo que sugiere la capacidad de este componente para influenciar en los otros dos, mejorando su performance.
Según este índice, en 2017, en un ranking de 127 países, Argentina ocupa el lugar 97. Claramente, somos una sociedad que no tiene demasiado respeto por el derecho de propiedad. 
No debería sorprendernos que el desprecio permanente por las instituciones sea una de las causas de nuestra decadencia (más no la única). Analizando la historia argentina, es posible identificar distintos mecanismos a través de los cuales se han avasallado de manera recurrente diversas instituciones fundamentales para el progreso de la sociedad. Pero dada la amplitud del tema, limitaré mi comentario a la permanente violación del derecho de propiedad que implica el creciente gasto público.
Como sabrá el lector por padecerlo en carne propia, desde hace tiempo, gran parte del producto de nuestro esfuerzo va a parar a las arcas del fisco; empero al Estado no le alcanza con expoliar al sector privado en blanco el 74 / 76% de sus ingresos, por eso, ante la necesidad imperativa de mayores recursos para su sostenimiento, echa mano a otros mecanismos de expropiación (Plan Bonex, estatización de las AFJP, Resolución 125/08 que desató el conflicto con el campo, son solo algunos de los tantos ejemplos que es posible enumerar).
Pero como a nuestros burócratas les sigue resultando insuficiente lo que recaudan y no están dispuestos a reducir el gasto, no dudan en emplear medios espurios de financiamiento (emisión monetaria, reservas, deuda interna y externa, según las condiciones dadas en el momento).
Y como si el saqueo de nuestros ingresos no fuera lo suficientemente trágico, con total desprecio por los contribuyentes, Papá Estado gasta mal lo que nos arrebata (clientelismo, amiguismo, corrupción), sin siquiera cumplir con sus funciones tradicionales brindando correctamente los servicios públicos básicos. El panorama resulta mucho peor si le agregamos el déficit fiscal crónico, que deriva recurrentemente en crisis económico-financieras con colapsos de la actividad económica.
No debemos perder de vista, que hablar de impuestos es hablar de gasto público. Hago hincapié en esta obviedad porque más de uno se queja por la elevadísima presión impositiva y pide a gritos que se reduzcan los impuestos, pero como contrapartida reclama mayor intervención estatal, buscando delegar en Papá Estado la responsabilidad de ser conscientes. A su vez, cuando hablamos de reducir los empleos públicos o los subsidios, muchos se echan para atrás, porque estarían yendo en contra de su código moral basado en el auto-sacrificio. Ese es el estado interno de la mayoría de las personas hoy en día, un estado de contradicciones permanentes.
“Si nos preguntamos cuales son las razones que subyacen en la fea mezcla de cinismo y culpa en la que pasa su vida la mayoría de los hombres, diremos que son estas: cinismo, porque ni practican ni aceptan la moralidad altruista; culpa, porque no se atreven a rechazarla” (“La virtud del egoísmo” de Ayn Rand)
Retomando el análisis, es evidente que la reducción del gasto público es imperativa, no se pueden reducir los impuestos sin recortar el gasto, es indispensable achicar el tamaño del Estado para alivianar a los productores de semejante carga que pesa sobre ellos. En este punto, quiero hacer una salvedad, los receptores del bienestar público no son la peor parte de la carga que pesa sobre los productores. La peor parte son los personeros del Estado a quienes se otorga el poder para regular la producción.
Lo cual me lleva a formular otra aclaración: no estoy para nada en contra de la solidaridad ni de la caridad, quien los estima como valores puede practicarlos libremente, ¿Pero por qué necesitamos que el gobierno lo haga por nosotros? Entiéndase, lo que critico es la coacción, la facultad que se atribuye al Estado para disponer de nuestros ingresos por la fuerza y redistribuirlos a su antojo.
Y para los que piensan que la planificación gubernamental es una solución para los problemas de la supervivencia humana, yo les sugiero que observen los estragos económicos y sociales que ha ocasionado el creciente intervencionismo estatal.
Formulada la pertinente observación, prosigo y me pregunto, ¿Qué incentivo tiene un hombre para trabajar si no puede disponer del fruto de su esfuerzo? ¿Qué incentivo puede tener un sujeto para innovar, si su creación no va a gozar de protección suficiente? ¿A cuántas personas no productivas puede mantener usted por su propio esfuerzo? ¿Cuánto puede resistir un hombre semejante ultraje al honor?
La riqueza es creada por el hombre y no podemos destruir su fuente creadora, porque un día Prometeo, cansado de ser picoteado por los buitres por haberle dado al hombre el fuego de los dioses, romperá sus cadenas y retirará su fuego hasta que los hombres saquen a los buitres… ¿Qué va a ser de los simples mortales cuando destruyan la fuente del fuego sagrado? 
Considerando que somos un país del tercer mundo, con un altísimo nivel de pobreza que venimos arrastrando hace rato (no voy a ser tan injusta de cargarle todos los muertos a M.M.), está a la vista que el sistema que venimos aplicando no funciona, la violación sistémica y reiterativa por parte del fisco de nuestro derecho de propiedad no conduce a buen puerto. Evidentemente, esa meta igualitaria y solidaria que utilizan para justificar el robo de nuestros ingresos, enmascara intereses perversos de quienes se sientan en la mesa chica.
Debemos comprender que la defensa de las instituciones es un pilar fundamental para el progreso, pero no el único. Si buscamos resultados distintos no deberíamos hacer siempre lo mismo, si queremos un país que progrese, que crezca aprovechando todo su potencial actualmente desperdiciado, debemos hacer un cambio de fondo.
Reitero, en este artículo hago referencia a la necesidad de una reforma en pos de un fortalecimiento del derecho de propiedad, pero debemos ser conscientes que no es el único aspecto que debe modificarse y que dicha reforma no debe ser aislada, sino parte de un cambio estructural. Hasta el momento vimos las consecuencias desastrosas del no cambio, sería conveniente barajar y dar de nuevo.
Pero, mi duda es la siguiente, ¿queremos realmente un cambio? ¿O es otro de los eslóganes que tan fácilmente se vociferan entre nosotros sin detenernos a analizar demasiado sus implicancias?
Yo quiero un cambio, por eso intento despertar la curiosidad del lector, invitándolo a cuestionar la estructura de poder que nos está destrozando y que tan conveniente resulta para la clase política y los amigos del poder... ¿lo lograré? Espero que sí.

(*) Yanina S. Pantiga. Abogada. 
Fuente: Comunicación personal de la autora

Privacidad en internet para periodistas

Por Online privacy for Journalist (*)

Muchos periodistas veteranos, pero no solo ellos, seguramente notaron que repentinamente nos vemos otra vez bombardeados desde todas partes del mundo con menciones del Watergate. Libros como 1984 de George Orwell están exhibidos en las librerías y un aire de peligro para la libertad de expresión y libertad de prensa se expande lentamente como una nube negra sobre el hemisferio occidental, elevando antiguos temores. Cuando un presidente estadounidense al mando acusa a un ex presidente de vigilancia; cuando evita que los medios de comunicación centrales de los Estados Unidos tengan acceso –que hasta ahora siempre se había otorgado, y dado por hecho—a las conferencias de prensa que él realiza; y cuando incesantemente golpea y acusa a los medios de ser el enemigo número uno del país, no resulta sorprendente que surjan recuerdos del presidente Nixon con cada tweet autocompasivo sobre SNL, y que incluso los senadores republicanos como John McCain expresen temor por el futuro de la democracia.
Y McCain no está solo. Muchos periodistas con los que he hablado recientemente expresaron su preocupación por lo que le espera a la libertad de prensa. En un momento en que es posible expresar la siguiente afirmación: “Donald Trump controla la NSA”, y no ser considerado un mentiroso, todo puede ocurrir. Agreguémosle a esto el hecho de que las noticias recientes sobre la CIA nos han enseñado que casi todos los sistemas de encriptación pueden estar en peligro si alguien tiene la perseverancia de descifrarlos, y entonces estaremos en camino a imaginar un mundo totalmente distópico, donde ni siquiera puedes ponerte demasiado cómodo en tu sofá, frente a tu propio TV inteligente.
La buena noticia es que sin embargo es posible hacer que sea difícil para otra persona tratar de interceptar tus correos electrónicos, los mensajes de texto que envías o tus llamadas telefónicas. Puedes tomar medidas para hacerles la vida más difícil a aquellos que quieren develar tus fuentes y la información que te revelan. Por supuesto, el grado de esfuerzo que estás dispuesto a hacer para proteger tu privacidad, el anonimato de tus fuentes y la seguridad de tus datos, debe ser proporcional a la probabilidad de una amenaza real, sea por un hacker o un espía.
“Las promesas tradicionales –no voy a revelar la identidad de mi fuente ni entregar mis anotaciones—son un poco vacías si no tomas medidas para proteger tu información digitalmente”, dice Barton Gellman del Washington Post, cuya fuente, el ex empleado de la NSA, Edward Snowden, ayudó a descubrir el alcance de las operaciones de la NSA y la GCHQ británica, para su entrevistadora Tony Loci. La misma Loci, quien cubrió el sistema judicial estadounidense para AP, el Washington Post y USA Today, y fue acusada de desacato a la corte por negarse a identificar las fuentes, probablemente respaldaría esa afirmación.

Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para garantizar que las fuentes e información de un periodista estén seguras?,.. la respuesta puede encontrarse en https://es.vpnmentor.com/blog/privacidad-en-internet-para-periodistas/
Fuente: comunicación personal para este medio de Madeline H hhmadeline8@gmail.com

Ajuste fiscal: ¿no quieren o no pueden?

Por Adrián Ravier (*)
La tarea es compleja porque el crecimiento económico depende de la inversión, y nadie quiere invertir en un país con la más alta presión tributaria de la región, además de problemas inflacionarios y de deuda, y el riesgo retorno del kirchnerismo latente.
Parece haber cierto consenso entre los economistas acerca de la necesidad de reducir el gasto público. Después de una década de constante incremento en el empleo público, la Argentina supera ampliamente a sus vecinos en presión tributaria y, sin embargo, acumula año a año déficit fiscal. El kirchnerismo monetizaba esos déficits y nos dejó con una compleja herencia en materia de inflación. El macrismo por el momento sólo ha reemplazado parte de esa monetización con endeudamiento y ha proclamado la necesidad de reducir la presión tributaria, pero no se ha animado aún a reducir el gasto público.
Se dirá que parte del gasto se ajustó con la quita de subsidios a los servicios públicos, pero el fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados y los pensionados que el oficialismo convalidó compensó la baja en el gasto con una fuerte suba que no deja clara la reducción del gasto público en términos reales.
Existen dos hipótesis en torno a la falta de ajuste. Los primeros aseveran que el gobierno no es ortodoxo ni liberal, sino una expresión más del Estado de bienestar europeo. No es que se gasta mucho, sino que se gasta mal. Se argumenta que si terminamos con la corrupción y las ineficiencias, logramos el objetivo, que es un Estado eficiente. De hecho, durante los ocho años de gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, jamás se observó una baja en el gasto. Por el contrario, se incrementaron fuertemente las tasas tributarias para lograr una mayor recaudación y con ello ofrecer mejores servicios públicos. Si este es el caso, el macrismo no está convencido de bajar el gasto y, por el contrario, planea, siguiendo la lógica keynesiana, impulsar la recuperación de la actividad económica vía obra pública, de tal forma que mejore la recaudación y sólo entonces se reduzca el déficit.
La segunda hipótesis es que el gobierno sí es consciente del Estado elefante, pero no puede avanzar en un ajuste por falta de consenso político y social. Se argumenta que el gobierno apenas cuenta con 4 de las 24 gobernaciones, un tercio de los diputados y un quinto de los senadores. Cualquier intento de ajuste se vería frustrado y obligarían al oficialismo a retroceder rápidamente, con el costo político que esto implica. Según esta hipótesis, el gobierno necesita un rotundo éxito en las próximas elecciones que le dé respaldo a su intención de cambio, lo que implica un avance profundo a partir de noviembre tanto en bajar el gasto público como en recortar la presión tributaria y terminar con la inflación.
Por el momento, viendo los 8 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires y los casi 2 años que lleva el macrismo en la gestión del gobierno nacional, parece que no pueden avanzar en el ajuste, pero tampoco quieren. De mayo 2016 a mayo de 2017 el déficit acumulado aumentó un 42 por ciento. El gasto corriente subió 50 por ciento. Si esta tendencia continúa, el debate entre gradualismo o shock es sólo una distracción, porque el cambio no llegará, ni rápido ni lento y tan sólo estamos ante un kirchnerismo de buenos modales.
Si hubiera voluntad de cambio, el macrismo hubiera aprovechado los primeros cien días de gobierno por lo menos para no renovar los contratos temporarios, antes de que miles de trabajadores del sector público pasen a planta permanente. Hoy estos empleados públicos están legitimados, y retroceder en la contratación de los casi dos millones de empleados públicos durante el kirchnerismo es una tarea imposible.
Más allá de las creativas propuestas que se presentan desde varias instituciones para reducir dependencias del Estado o proponer jubilaciones tempranas, la opción del oficialismo parece ser reducir el tamaño del Estado congelando el personal del sector público y mantener constante el gasto público en términos reales, mientras se ruega por un retorno del crecimiento económico, para que el tamaño del Estado gradualmente decrezca en relación con el PIB. La tarea es compleja porque el crecimiento económico depende de la inversión, y nadie quiere invertir en un país con la más alta presión tributaria de la región, además de problemas inflacionarios y de deuda, y el riesgo retorno del kirchnerismo latente.

La falta de convicción del macrismo deja una Argentina que crecerá poco durante los tres años de macrismo (2017-2019), y que esperará por una nueva elección presidencial que acompañe un cambio más profundo de ahí en adelante. Algunos miembros del gabinete explican que se están gestando las bases para un crecimiento de diez años, pero lo cierto es que la falta de cambio y de resultados pone en riesgo todo el programa político y económico de Cambiemos para disponer de ese tiempo.
(*) Adrián Ravier. Economista especializado en teoría monetaria, el estudio de los ciclos económicos y la historia del pensamiento económico. Ha obtenido su título de Doctor en Economía Aplicada, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2009), bajo la dirección del profesor Jesús Huerta de Soto(Ver Memoria). Ha sido alumno de ESEADE donde obtuvo un Master en Economía y Administración de Empresas(2004). Y ha obtenido su Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (2002). Artículo publicado en INFOBAE el 23 de Julio de 2017 

lunes, 24 de julio de 2017

El incendio y las vísperas

 Por Enrique G. Avogadro (*)
“Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”. Voltaire 
Más allá de insistir en mi ruego de difusión de la convocatoria del #3A en Tribunales, las novedades ameritan algunas especulaciones, sobre todo en la Argentina. Me refiero, concretamente, a la detención del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al llamado a indagatoria de Carlos Sancho, socio y testaferro del máximo hijo de la dinastía, al pedido de similar medida para Alejandra ¡Giles! Carbó, nuestra egregia Procuradora General, y a la batalla por el retiro del paraguas de los fueros parlamentarios a Julio de Vido, el mayor operador de la corrupción desde los lejanos días del primer período de Néstor como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
En los dos primeros casos, y como ya sucediera con Lázaro Báez, el gran prestanombre que cometió la incalificable torpeza de involucrar a sus hijos en el delito, las esperanzas de la sociedad están puestas en las confesiones que la privación de la libertad podría inspirar en estos insignes dibujantes de números brumosos. Porque es claro que, si se deciden a hablar y reconocer que actuaron por instrucciones directas de la organizadora y jefa de la asociación ilícita, la autocalificada perseguida política pasará a integrar la lista de importantes presos de la región.
La ex Presidente debería ya estar en prisión preventiva ya que está suficientemente probado que sus dependientes han adulterado las pruebas (hasta los libros sociales de las empresas que le pertenecen) y entorpecido la investigación. Hasta hoy, el Gobierno no la quería entre rejas, ya que la prefería como sparringen las elecciones, en una elucubración que califiqué oportunamente como bastarda; pero es probable que el Juez Claudio Bonadío altere el panorama ordenando su detención antes de octubre.
El caso del ex Ministro de Planificación del saqueo servirá para quitar el disfraz a todos aquellos que decidan desoír el clamor social y ratificarlos como convertirlos en cómplices de la corrupción que asoló el país durante la extendida década robada. Si fracasara la expulsión de este delincuente de la Cámara de Diputados, que se discutirá el miércoles, las redes sociales serán el lugar en que sus encubridores encontrarán sus nombres y sus fotografías de frente y perfil. Me parece que esto debería servir como un llamado a la reflexión para los kirchneristas y sus compañeros de ruta, muchos de los cuales deberán someterse pronto al voto popular.
Esta semana, la última de la feria judicial, estará de turno la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, integrada al efecto por el cuestionado Eduardo Freiler, a quien pronto veremos destituido y –tengo la esperanza- preso por ladrón, y Jorge Ballestero, protector de los pingüinos durante muchísimo tiempo pero que, recientemente, ha virado en sus posiciones por los vientos de cambio que percibe. Las recientes decisiones de Bonadío que afectan a Cristina y su círculo íntimo serán revisadas por ambos y, si decidieran modificarlas, deberían ser conscientes de estar acercando peligrosamente mechas encendidas a la santabárbara que podría estallar en Comodoro Py.
La semana pasada, cuando los enumeré los grandes reos regionales, cometí el error de omitir a algunos de ellos; en Perú, por ejemplo, mencioné sólo a los ex presidentes a Alan García (prófugo) y a Ollanta Humala, y olvidé a Alberto Fujimori, que comparte la cárcel con el anterior. En América Central, varios países han visto a sus mandatarios presos y, en algunos casos, ante la inminencia de su detención, algunos optaron por huir al exterior. ¿Será también el caso de Rafael Correa y su autoexilio en Bélgica?
Lo notable fue que el viernes, en Mendoza, en una suerte de “contra-cumbre” frente al infructuoso encuentro de los presidentes del Mercosur, que no lograron consensuar la expulsión de Venezuela, los maléficos vientos populistas volvieron a amontonar a los apologistas de los desalojados del poder y de quienes están en vías de serlo. Así, en la misma bolsa reinvindicatoria metieron a Luis Inácio Lula da Silva, a Cristina Elizabet Fernández, a Fernando Lugo, a Milagro Salas y, el colmo, al tirano “más burro”, presuntas víctimas de conspiraciones imperiales; sólo les faltó agregar a Raúl Castro y a Jorge “Saladito” Castillo para condimentar el nauseabundo resultado.
   El pegamento para tanto dislate, presumo, debió ser la ideologizada visión que tienen sus adherentes sobre la situación que viven la ensangrentada nación venezolana, que está protagonizando una de las mayores emigraciones de la historia continental por imperio de la violencia, la salvaje represión y la hambruna, y la Provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de la fotocopia de pelo largo, que se incendia diariamente pese al frío austral reinante. Volví a preguntarme, como lo hice tantas veces durante los 70’s, por qué todos estos fanáticos, que consideran a la democracia como una maldita enfermedad burguesa, no se mudan a esos idealizados paraísos.
El criminal régimen de Maduro, amén de la condena casi universal,  está provocando una discusión a nivel mundial, ya que su precaria subsistencia depende, en gran medida,  de las compras norteamericanas de petróleo. El quid de la cuestión es que, si se interrumpieran, no sólo producirían la inmediata victimización de los terroristas y narcotraficantes que gobiernan desde Caracas, buscando la solidaridad latinoamericana, sino que profundizarían la crisis humanitaria en la que se ve inmersa la población, que carece ya de alimentos y remedios.
No puedo cerrar esta nota sin hacer referencia a la detención, por orden del Tribunal Federal que lleva la causa llamada “Bahía Blanca”, del señor Capitán de Corbeta Ricardo Molina, que ya tiene 87 años de edad. Si a ello le sumamos la actitud del canalla Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fanático kirchnerista, frente a la detención domiciliaria del Dr. Jaime Smart dispuesta por la Cámara de Casación, inventándole nuevos procesos para mantenerlo en la cárcel a 82, tendremos nuevos motivos para concurrir a la concentración del #3A en Plaza Lavalle. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando que estos verdaderos asesinos togados –han muerto más de cuatrocientos ancianos en cautiverio- sigan haciendo de las suyas?
Me pareció adecuado “robar” el título del libro de Beatriz Guido para encabezarla, porque tal vez estemos en las vísperas de un fuego purificador que nos permita recuperar una Justicia seria, independiente y veloz, esencial para volver a ser una República.
Bs.As., 22 Jul 17

(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

Lula y la corrupción latinoamericana

Por Carlos A. Montaner (*)
Lula da Silva ha sido condenado a más de nueve años de cárcel por corrupción y “lavado de dinero”. Todavía puede apelar la sentencia y salir absuelto. No creo que lo logre. Sin embargo, Lula continúa siendo el político más popular de Brasil. Y no se trata de que los brasileños pongan en duda que el ex-presidente se benefició ilegalmente de su cargo, sino que no les importa. A la mayor parte, le da lo mismo.
En Argentina sucede otro tanto con la señora Cristina Kirchner. Las pruebas sobre la corrupción de ella, su marido, su hijo y su entorno son abrumadoras, pero se impone aquel viejo grafiti de los años 1950 en respaldo al fundador de la secta: “Puto o ladrón, queremos a Perón”. El peronismo reaccionaba así contra una foto trucada con mal gusto en la que se veía al campeón de boxeo norteamericano Archie Moore sodomizando a Juan Domingo Perón. Hoy un nuevo grafiti, no sé si a favor o en contra, se ha posado en las paredes de Buenos Aires: “Ladrona o cretina, queremos a Cristina”.
México es otro ejemplo de la indiferencia general hacia la corrupción. Hace pocas fechas el Instituto Nacional de Estadísticas publicó un estudio en el que se asegura que, como promedio, las empresas mexicanas pagan unos 672 dólares anuales en mordidas a funcionarios deshonestos. Abonaron en total 88 millones de dólares. Sin embargo, los mexicanos (aunque cada vez menos), respaldan al PRI, el partido de gobierno, mientras hacen chistes sobre la inmensa corrupción de una formación que desde hace más de 70 años saquea al país, aunque reparte migajas, realiza obras públicas e insiste en la retórica revolucionaria.
Las excepciones son Chile, Uruguay y Costa Rica. No digo que en estos países no exista corrupción, sino que no hay impunidad, y la ciudadanía no admite de buen grado la deshonestidad de los políticos o de los funcionarios. Hay sanción moral y consecuencias electorales adversas, hasta el punto que, a veces, se falsean las pruebas y testimonios para destruir la reputación de personas honorables para excluirlas del juego político.
En todo caso, estas excepciones sirven para desmentir la idea de que hay algo fatal en la cultura iberoamericana que nos conduce inevitablemente a la corrupción. Chile es un país andino, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, pero mientras estas cinco naciones, emparentadas por la historia y la geografía, exhiben un grado notable de pudrición, especialmente la Venezuela chavista, donde el régimen ha saqueado sin piedad las arcas públicas, en Chile el gobierno de la señora Bachelet se estremece por los negocietes de su hijo basados en información privilegiada, al tiempo que Pinochet, incluso para sus partidarios, quedó totalmente desacreditado tras saberse, post mortem, que no fue un dictador honrado.
El caso uruguayo es digno de estudio. La composición étnica de la sociedad es similar a la Argentina, y durante los siglos coloniales fue parte de la misma unidad política. No obstante, la gerencia pública uruguaya es razonablemente honrada y transparente, mientras los grandes vecinos —Argentina y Brasil—, son verdaderas alcantarillas, gobiérnenlos la izquierda o la derecha.
En Centroamérica se repite el fenómeno. De acuerdo con Transparencia Internacional, institución que mide la percepción de corrupción, Costa Rica es, con mucho, la nación más honrada de una región muy variada en la que comparecen, además, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y El Salvador, otros cinco países plagados de escándalos mayúsculos, con expresidentes presos o escapados del país, como sucede con el salvadoreño Mauricio Funes, asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, gobernante que no poseía un centavo cuando llegó al poder y hoy se le tiene por uno de los más ricos del Istmo.
Tal vez el despertar de un Poder Judicial independiente consiga el milagro de adecentar a nuestros países. Sería una revolución ética comenzada en la cúpula porque la base está carcomida por el clientelismo y la indiferencia moral. Es lo que ha ocurrido en Brasil, donde el juez Sergio Moro se ha enfrentado a Lula da Silva, mientras el Fiscal General, Rodrigo Janot, acusa de “corrupción pasiva” a Michel Temer, el actual presidente tras la destitución de Dilma Rousseff, también separada de su cargo por incumplir las leyes de la República en materia contable.
El próximo paso es que las sociedades interioricen la lección que está dando el sistema judicial en todas las latitudes. Mientras las masas no comprendan que la fortaleza de las repúblicas está en el funcionamiento de las instituciones y en que todos se sometan al imperio de la ley, nuestros países no despegarán realmente en el terreno económico y no conocerán las virtudes de la convivencia pacífica. El daño que hace la corrupción es mucho mayor que los recursos que se roban. Es devastador.

Este artículo fue publicado originalmente en El Blog de Carlos Alberto Montaner (EE.UU.) el 16 de julio de 2017.
(*) Carlos A. Montaner es periodista y escritor cubano, residenciado en Miami, Florida. Colaborador de El Cato. Artículo publicado el 17 de Julio de 2017

Lecciones económicas

Por Juan Carlos Hidalgo (*)

Argentina lo logró. Tras 30 años de ingentes esfuerzos, ha materializado el sueño del  establishment político e intelectual costarricense: duplicar su carga tributaria hasta alcanzar un nivel similar al de los países desarrollados (32,6% del PIB). ¡Albricias! Sin embargo, algo no calza. En lugar de parecerse más a Finlandia, Argentina ha experimentado un marcado declive económico. ¿Cómo puede ser posible?
El ejemplo de Argentina debe servirnos de lección sobre lo absurdo que es el argumento de quienes afirman que Costa Rica requiere una carga tributaria más alta para dar un salto definitivo al desarrollo. Dicha tesis descansa en la premisa de que cuantos más recursos sean administrados por la clase política —en contraposición al sector productivo y los consumidores— mayores serán nuestras perspectivas de progreso.
En Argentina, darles más dinero a los políticos no los ha acercado al desarrollo, más bien los ha hundido. La elevada carga tributaria es una de las razones más citadas para explicar la falta de inversión en ese país. Además, un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal encontró que esta explica gran parte del alto costo de vida: el 44% del precio de los alimentos corresponde a impuestos.
También debemos tomar nota de otro estudio reciente, esta vez de la Universidad de Washington, sobre los efectos que ha tenido el aumento del 37% en el salario mínimo en Seattle. La medida fue promovida como un triunfo para los trabajadores. No obstante, la investigación encontró lo contrario: las horas trabajadas por los empleados cubiertos por el alza cayeron y como resultado sus ingresos netos disminuyeron en promedio $125 al mes.
El caso de Seattle brinda más evidencia empírica acerca de los efectos negativos que tiene un elevado salario mínimo sobre el mercado laboral. En Costa Rica, varios estudios han llegado a conclusiones similares. Aun así, nuestras autoridades insisten en el cuento de que hacer cumplir las leyes de salario mínimo —tenemos el más alto de América Latina para un trabajador genérico no calificado— reduciría significativamente la pobreza. Lo contrario es más probable, al afectar la empleabilidad de los trabajadores menos calificados.
Ojalá en el debate nacional sobre la carga tributaria y el salario mínimo pudiéramos abandonar las fijaciones ideológicas que nos impiden aprender de las malas experiencias de otras latitudes.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 17 de julio de 2017.
(*) Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute. Artículo publicado el 17 de Julio de 2017

´Día del hijo’, una estupidez keynesiana

Por Javier Milei (*)
Recientemente, a modo de brindarle el mayor de los honores a la nefasta obra de John M. Keynes de 1936, el Gobierno buscaría impulsar la creación del Día del Hijo con la intención de incentivar el consumo y aumentar las ventas. La fecha tendría lugar en simultáneo con el Día del Niño pero, dado que afectaría a una mayor franja etárea (entran jóvenes y adultos), esta medida haría subir las ventas en un 162%. Así, la medida motorizaría el consumo y con ello el nivel de actividad.
Todo sería muy lindo, salvo por el hecho de que se trata de un disparate. Tal como sucede regularme, el error surge de lo que Bastiat llamaba la falacia de lo que no se ve. En este sentido, dado que los agentes de la economía cuentan con un presupuesto finito, la decisión de consumir más de un bien implica que se deba reducir el consumo de otros bienes y/o se comprima el ahorro.
Por lo tanto, los supuestos empleos que se crearían tendrían como contrapartida los empleos perdidos en los otros sectores que brindan otros bienes de consumo y/o los que se pierden por caer la inversión fruto de un menor ahorro.
Es más, dado que el incremento de las ventas sería transitorio difícilmente logre crear mayores fuentes de trabajo. Lo que sí es cierto es que si el ahorro cae habrá un menor financiamiento para la inversión y con ello menor stock de capital por habitante, menor productividad y menores salarios reales. En definitiva, todo indicaría que en el mejor de los casos todo quedaría igual, salvo por la redistribución del ingreso en favor de los que impulsan la medida.
A la luz de algo tan evidente, uno debería preguntarse ¿de dónde sacan estas ideas tan estúpidas los economistas? La respuesta es La Teoría General de Keynes. En su capítulo 10, el inglés de Cambridge afirma: "Si se acepta esto (el multiplicador), el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad".
La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza, si la educación de nuestros estadistas en los principios de la economía clásica impide que se haga algo mejor."
De ahí la reflexión de Paul Krugman que rezaría por una invasión de extraterrestres cuando esté afligido por el crecimiento. Sería formidable tener la posibilidad de grabar en vivo el rostro de un vendedor que le acaban de romper la vidriera de su local de un piedrazo, al tiempo que un keynesiano (con la mano sucia que denuncia su participación en el hecho), le explica que ello será bueno para que suba el PIB.
El origen de dicho disparate se llama multiplicador. Supongamos que un PIB de $ 100, viene explicado por un consumo de $ 80 y una inversión de $ 20. En la lógica keynesiana, dado que el consumo es un 80% del ingreso, existe un multiplicador k de 5 (= 1/(1-0.8)) que hace que para una inversión de $ 20 se genere un PIB de 100. Una vez hecho esto, los keynesiano razonan que si se da un impulso a la inversión pública hasta ubicarla en $ 30, el PIB subiría un 50% alcanzando los $ 150.
El problema es que el multiplicador no es más que una tautología descriptiva al pasado y que en caso de querer extrapolar dicha relación hacia delante ello implicaría violar la restricción presupuestaria. Esto es, o baja el consumo reduciendo el poder milagroso del factor K o se genera un aumento artificial de la demanda que deriva en mayor inflación.
De este modo, las políticas keynesianas que impulsan un aumento del gasto, ya sea tanto público como privado, no crean empleos netos (en el mejor de los casos), dado que los recursos que toma de los contribuyentes, hace que los últimos no puedan gastar su dinero en lo que deseaban, motivo por el cual los empleos creados por los funcionarios públicos conllevan la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores de la economía.
Además, debería resultar claro que aun cuando el número de puestos de trabajo fuera el mismo, la acción del gobierno implica un acto violento que recorta las libertades individuales, al tiempo que refuerza la pérdida de bienestar por no poder disponer de los ingresos que individuo genera para financiar las compras de aquello que el individuo deseaba consumir.
Por lo tanto, de todo esto quedan varias lecciones. La primera es que imponer nuevos días comerciales no es más que una forma encubierta de reclamar una redistribución del ingreso. La segunda es que la base sobre la que se sostiene el keynesianismo, el multiplicador, es una falacia que implica violar la restricción de presupuesto y que su implementación no es a favor del pueblo sino a favor de aquellos que ejecutan el gasto al tiempo que se hacen de recursos (los impuestos) por medio del aparato represivo del Estado.

Por último, debería quedar claro que las recomendaciones de política fiscal que surgen de la teoría general son propias de un panfleto escrito a beneplácito de un conjunto de políticos mesiánicos y/o corruptos. ¿Será por esto que Keynes es tan popular en Argentina?
(*) Javier Milei. Economista. Jefe de la Fundación Acordar. Artículo publicado en El Cronista el 24 de Julio de 2017

jueves, 20 de julio de 2017

El punto sobre la i

Por Arturo Damm Arnal (*)
“El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de los demás.” Alberto Benegas-Lynch
El liberalismo, según mi definición, en diez palabras: “Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras”. El liberalismo, según la definición de Benegas-Lynch, en otras diez palabras: “Respeto irrestricto a los proyectos de vida de los demás”. Respeto a los derechos de los demás, respeto a los proyectos de los otros. ¿La esencia del liberalismo? El respeto a la libertad individual y a la propiedad privada, dos caras de la misma moneda, ya que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. La libertad individual tiene que ver con la posibilidad de elegir fines. La propiedad privada con la posibilidad de disponer de los medios para intentar el logro del fin elegido. Sin lo segundo (posibilidad de disponer de los medios para intentar la consecución del fin) lo primero (posibilidad de elegir fines), no pasa de ser un ejercicio sin sentido, un derecho ineficaz. La propiedad privada de los medios necesarios para intentar la consecución del fin elegido es la condición de posibilidad del ejercicio de dicha libertad. Si se ha de respetar la libertad individual se debe respetar la propiedad privada. En la misma medida en la que se limita la propiedad privada se limita, no la posibilidad de elegir fines (libertad de elección), pero sí la posibilidad de intentar su consecución (libertad de acción).
Libertad de elección: no hay algo (un dictador) o algo (una ley) que prohíba elegir. Se trata de la libertad en sentido negativo: no hay alguien, no hay algo, que prohíba la elección. Libertad de acción: el agente cuenta con los medios necesarios para intentar el logro del fin elegido. Se trata de la libertad en sentido positivo: el agente sí cuenta con los medios necesarios. La libertad de elección (libertad en sentido negativo) sin la libertad de acción (libertad en sentido positivo) es estéril, libertad de acción que supone la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, con un solo límite: el respeto a los derechos de los demás. El derecho a la libertad individual es el derecho a usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, todo lo cual supone el derecho a la propiedad privada.
Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras, derechos que son (dado por descontado el derecho a la vida), el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Respetar los derechos de los demás supone respetar, de manera total y definitiva, los dos derechos: a la libertad individual y a la propiedad privada, que son dos caras de la misma moneda, algo que no todos reconocen, convencidos de que se puede limitar el segundo (por ejemplo: cobrando impuestos con fines redistributivos), sin ocasionar ninguna afectación al primero, lo cual no es cierto.
Supongamos, para empezar, un estado anarcocapitalista, sin gobierno, sin impuestos, de tal manera que los ciudadanos disponen del 100 por ciento de sus ingresos para hacer con ellos lo que les dé la gana. Su capacidad en materia de libertad de acción es del 100 por ciento: pueden disponer del 100 por ciento de lo es suyo para intentar la consecución de sus fines. Supongamos, para continuar, un estado redistribuidor, con gobierno, con un impuesto del 50 por ciento a los ingresos de la gente, cuya capacidad en materia de libertad de acción es de solamente el 50 por ciento: pueden disponer solo del 50 por ciento del ingreso generado para intentar el logro de sus fines. Supongamos, para terminar, un estado confiscatorio, con un gobierno expoliador, con un impuesto del 100 por ciento a los ingresos de la gente, cuya capacidad en materia de libertad de acción es de 0 por ciento: no disponen de nada de su ingreso para intentar la consecución de sus metas. En los tres casos hay 100 por ciento de libertad de elección. En el primero hay 100 por ciento de libertad de acción, en el segundo 50, en el tercero 0. En este último caso, ¿de que sirve la libertad de elección?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.
(*) Arturo Damm Arnal. Economista. Artículo publicado en "Asuntos capitales" el 19 de Julio de 2017

lunes, 17 de julio de 2017

La mano invisible vs. la mano visible

Por Armando Ribas (*)
Voy a insistir en un tema que considero de la mayor relevancia para lograr entender el mundo en que vivimos. Y me voy a permitir de nuevo recordar a Séneca que dijo: “Para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable”. Entonces el problema pendiente es que si no se sabe dónde se está y la razón de ser de encontrarse en esa situación, difícilmente se sepa cómo ir a dónde queremos ir. Entonces me atrevo a decir que el problema pendiente en la actualidad es la ignorancia y aun la descalificación ética de las razones por las cuales se alcanzó la presente situación del mundo.
     Cuando me refiero al mundo no puedo menos que igualmente tomar en cuenta las diferencias entre los países y las zonas geográficas de la Tierra. El desarrollo en el mundo comenzó hace tan solo unos doscientos años. Léase a William Bernstein “The Birth of Plenty” (El Nacimiento de la Abundancia) donde reconoce que hasta hace doscientos años el mundo vivía como vivía Jesucristo.
     Ese proceso de crecimiento económico se produjo en la medida que avanzó el adelanto tecnológico, el cual en los últimos años se ha adelantado más rápidamente que nunca. A partir de ese hecho ha surgido el criterio de que la riqueza es el resultado de un proceso y por tanto la izquierda se ha apropiado de la ética en nombre de la igualdad, para lograr el poder político.
     Puedo decir que el llamado mundo Occidental y Cristiano, al cual pertenece la América Latina, por más que así no lo crea mi ex profesor Samuel Huntington, se encuentra enfrentado ante la alternativa de la mano visible y la mano invisible. Como sabemos fue Adam Smith quien definió la mano invisible cuando escribió: “En la búsqueda de su propio interés él frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente que cuando él realmente intenta promoverlo”.
     Pero antes de seguir ante esta antinomia tratemos de comprender qué fue lo que determinara la libertad, la creación de riqueza y por supuesto el avance tecnológico que hemos alcanzado. Ese proceso lo determinó una primera concepción ética sobre la naturaleza humana en la que se fundamentó la creación del sistema político que en primer término propuso la limitación del poder político ante el reconocimiento de que los monarcas también son hombres (Locke). Y en ese sentido se pronunció David Hume que escribió: “Es imposible cambiar o corregir algo material en nuestra naturaleza. El máximo que podemos hacer es cambiar nuestra situación y circunstancia, y rendir la observación de las leyes de la justicia nuestro interés más cercano”.
     En segundo término fue el reconocimiento del respeto por los derechos individuales que no son los derechos humanos. En los derechos humanos existe un reconocimiento de la llamada justicia social. O sea supuestamente se tienen derechos por nacer y consecuentemente se violan los derechos de los nacidos que crearon la riqueza existente. Por esa razón fue Von Hayek quien escribió que “cuando la justicia es social no hay justicia”. Los derechos individuales son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad.
     En este último derecho que fue considerado por John Locke como el principio fundamental de la libertad se sustenta la mano invisible de Adam Smith, que hoy enfrenta la mano visible de los que pretenden actuar en bien del pueblo o de la nación. Ya podemos ver que el desarrollo es la consecuencia de la mano invisible y ésta surge a partir de sistema ético político que la reconoce. El subdesarrollo es y sigue siendo cuando la mano visible triunfa sobre la mano invisible y en nombre de la igualdad se violan los derechos individuales.
    Entonces a la primera pregunta ¿porqué hasta hace doscientos años el mundo vivía como vivía Jesucristo y cuáles fueron los factores que determinaron la libertad y la riqueza? podemos añadir una segunda pregunta. ¿Por qué hoy existen países desarrollados y subdesarrollados? Indudablemente que la mano invisible surgió en Estados Unidos siguiendo los pasos de los principios instaurados en Inglaterra a parir de la Glorious Revolution de 1688. La visible existió en el mundo en representación de la deidad y se racionalizó en Francia y copó la Europa continental.
     Por ello insisto en la falacia de la civilización Occidental. La filosofía política franco germánica ha sido la antítesis de la angloamericana. Y permítanme considerar que si bien no podemos ignorar la influencia de Rousseau, Hegel y Marx en la construcción del totalitarismo como lo reconoce Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus Enemigos, no podemos ignorar la influencia ético política de Kant. Como dice Ayn Rand: “Lo que Kant propuso fue un completo, total y abyecto desinterés; él sostuvo que una acción solo es moral si se hace por deber”. O sea desconoció el principio del derecho a la búsqueda de la felicidad, o sea prohibió la libertad y la creación de riqueza.
         El socialismo es hoy la mano visible que prevalece en la Unión Europea y no crece económicamente. El subdesarrollo es la consecuencia de la ignorancia política del sistema que permite la creación de riqueza. No obstante ha avanzado la tecnología que aparentemente determina la necesidad de cambiar algunos comportamientos en la sociedad. Por ello se requiere asimismo que se modifique la educación en algunos aspectos técnicos. Pero no olvidemos que el planteo fundamental de la educación para la sociedad es que se aprenda y se valore el sistema que permite la libertad y la creación de riqueza. Por ello voy a citar a Richard A. Epstein que escribió en CATO: “Los principios incluidos en la clásica constitución liberal no son aquellos que operan solamente en esta o aquella era. Son principios para las eras”.
 (*) Armando Ribas. Abogado, periodista, filósofo, ensayista y escritor. 
Fuente: Comunicación personal del autor

domingo, 16 de julio de 2017

Castrados y Avergonzados

Por Enrique Guillermo Avogadro (*)
"Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados". Talmud 
A priori, le ruego siga difundiendo esta convocatoria hasta el último minuto, a ver si conseguimos movilizar a los jóvenes para que nos acompañen en esta patriada. Mientras tanto, y de todas maneras, pensemos en qué nos pasa a los argentinos y qué imagen estamos mostrando al exterior; realmente, ¿cómo el crisol de razas, del que tanto nos enorgullecimos en el pasado, ha podido derivar en este país de borregos emasculados?
El miércoles fuimos sorprendidos por una noticia procedente de Brasil, que nos debería llenar de vergüenza (una más, porque diariamente las novedades que deparan nuevos descubrimientos de la corrupción del kirchnerismo nos convierten en el hazmerreir generalizado): la condena a casi diez años de prisión dictada por el Juez Sergio Moro, un magistrado de Curitiba, Paraná, contra Luiz Inácio Lula da Silva, ex Presidente y aún dueño de una importante intención de voto en su país. Obviamente, será apelada ante el Tribunal Federal Regional y, con seguridad, llegará al Supremo Tribunal Federal, pero la repercusión ya ha sido inmensa, sobre todo porque lo inhibiría de presentarse a nuevas elecciones.
La vergüenza tiene varios aspectos en la lógica comparación con lo que aquí sucede. El primero, la celeridad y la independencia con que actúa la Justicia allí, mientras que nosotros seguimos sin saber siquiera cómo y cuándo murió el Fiscal Alberto Nisman, por ejemplo, y los responsables del infame crimen de Once siguen en libertad.
Luego, la pequeña cantidad de la cual Lula se habría apropiado personalmente; un departamento en el litoral paulista no tiene punto de comparación con el imperio hotelero e inmobiliario que Néstor y Cristina construyeron ni, por supuesto, con la propiedad de tantas estancias y empresas puestas a nombre de sus testaferros, incluyendo una gran porción de las acciones de YPF, que los Eskenazi compraron para Kirchner sin dinero. Finalmente, el monto total defraudado al fisco brasileño es infinitamente menor que el saqueo al que fue sometida la Argentina durante la prolongada década del latrocinio pingüino, tanto en términos relativos (por la enorme diferencia en el PBI de ambos países) cuanto absolutos: los US$ 3.500 millones desaparecidos en nuestro vecino no son nada frente a la gigantesca fortuna que amasaron nuestros inventores de una revolución imaginaria.
Algo similar está ocurriendo en Perú, donde su ex Presidente Ollanta Humala y su mujer acaban de ser encarcelados por corrupción en las operaciones con Odebrecht, y hasta en Ecuador, ya que el sucesor de Rafael Correa, elegido por éste presumiendo que sería un títere, ha ordenado abrir una investigación contra su padrino político por idénticas razones, amén de acusarlo de haber estrellado la economía de su país con su populismo.
Todos esos hechos, a los cuales debe sumarse lo sucedido en los dos países modélicos de la región, por los cuestionamientos chilenos a su Presidente, Michele Bachelet, en razón de algunos negociados de los que se acusa a su familia, las graves sospechas de corrupción durante el gobierno de José "Pepe" Mugica, que están golpeando fuertemente al Frente Amplio y lo colocan al borde de perder por primera vez las elecciones uruguayas desde 2004, y los reiterados rumores sobre Evo Morales y su amante, gestora de grandes negocios en Bolivia, confirman la profetizada ola de decencia que comenzó a impactar en este siglo sobre todos los regímenes populistas de la región, condenándolos al tacho de basura de la historia.
Una excepción, claro, son los terribles acontecimientos que, en cien días, han llevado a la tumba a más de cien jóvenes en las protestas contra Nicolás Maduro, que sigue manteniendo el poder sentado sobre las bayonetas de su ejército y de sus milicias paramilitares. Lamentablemente, la crisis que desangra a Venezuela no parece tener siquiera una imaginable solución, porque el tirano es sólo uno de los miles de bandidos que se reúsan a escuchar el clamor mundial y, si se fugara o muriera, detrás están Diosdado Cabello y cientos de generales poco dispuestos a perder tanto su libertad como las enormes fortunas que han acumulado con el narcotráfico y los pingües negocios que realizan a costa del Estado. La otra, obviamente, es la gerontocracia cubana, sostenida exclusivamente por el cordón umbilical que la une a Caracas y a través del cual fluye el petróleo que los venezolanos pagan con su cotidiana hambruna.
Pero la Argentina sigue dando la nota desafinada en ese concierto regional que tan bien suena. El peronismo se niega a entregar las cabezas de de los máximos exponentes de su corrupción: el Senador Carlos Menem, el Diputado Julio de Vido, el Juez Eduardo Freiler y, por supuesto, la Procuradora General, Alejandra¡Giles! Carbó, llamada ayer a indagatoria. Muy por el contrario, cierra filas en su defensa y eso es comprensible porque, si esas testas rodaran, resultaría imposible que no arrastraran a muchos más, tal como amenazó el ex Ministro de Planificación cuando creyó que lo abandonarían a su suerte. El PJ adoptó idéntica posición en la resistencia a los fallos judiciales que impiden al Senador Ruperto Godoy continuar integrando el Consejo de la Magistratura por no reunir el elemental requisito de ser abogado.
Y qué decir de la libertad que gozan tantos procesados por delitos no excarcelables, mientras se mantiene en prisión preventiva por décadas a dos mil ancianos, acusados por hechos ocurridos hace cuarenta años, que no corren riesgo de fuga ni, menos aún, poner en peligro la investigación.
Es por eso que los ciudadanos debemos demostrar -y probarnos- que no somos meros eunucos y salir a la calle a exigir a la Justicia, en las personas de ese Consejo y de la Corte Suprema de Justicia, que deje de marearnos la perdiz y cumpla con el deber que la Constitución Nacional le impone. Y debemos hacerlo, como dice el cartel que encabeza esta nota, el 3 de agosto, a las 18:00, en Plaza Lavalle (y frente a las sedes de los tribunales de todo el país), donde tienen su asiento ambos órganos.
Las consignas y reclamos deben ser concretos y unívocos. Es imprescindible que exijamos al Consejo que deje de ser el mamarracho en que se ha convertido, designe a los jueces que deben cubrir las incontables vacantes en todos los fueros y en todas las instancias, y desplace de una buena vez a los enriquecidos canallas que hoy ejercen magistraturas y venden sus sentencias al mejor postor, mientras pretenden que los ciudadanos nos sometamos a ellas como si provinieran de Dios mismo.
A la Corte, que actúe con independencia e imponga su poder sin dilaciones y sin oportunismo. Y a nuestro inicuo Congreso -ahora un mero aguantadero de delincuentes que se mofan de sus representados- que modifique el Código Procesal Penal de la Nación de modo tal que a cualquier procesado por hechos de corrupción, sea político, funcionario o empresario, se le retiren los fueros y se le deniegue esperar en libertad la sentencia definitiva y, a la vez, que sancione de una buena vez las leyes de responsabilidad empresaria y la caducidad de dominio de los bienes mal habidos.
 Porque somos una generación desgraciada, como afirma el Talmud, ya que tenemos jueces que merecen ser juzgados por su corrupción y por su ilegítima militancia política. Y no podemos transmitir esa herencia nefasta a nuestros descendientes; tenemos la obligación de actuar ya mismo para evitarlo y para permitir que nuestro país vuelva a ser una nación orgullosa de de sus valores morales y de su destino, hoy tan marchitos y decadentes.
Bs.As., 15 Jul 17
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

La educación provee la hoja de ruta para enfrentar la pobreza

Por Edgardo Zablotsky (*)
Pocos días atrás, horas antes de reunirse con el resto de los jefes de Estado del G-20, en la cumbre de dos días que se llevó a cabo en Alemania, el presidente Mauricio Macri habló de su compromiso con la educación como clave para el desarrollo. Durante un concierto solidario celebrado en Hamburgo, en el que participaron artistas de la talla de Shakira y Coldplay, convocado para reclamar a los líderes mundiales que adopten medidas para eliminar la pobreza, el Presidente resaltó el papel de la educación para alcanzar dicho fin: "Siento que nada es más importante en el mundo que la educación, lo lograremos juntos las personas, los países y toda la comunidad intencional".
Esta declaración se encuentra en consonancia con su respuesta al tuit de Rihanna, quien solicitó a los presidentes que aumentasen el gasto en educación. Macri le contestó también por Twitter: "La educación está en el centro de nuestros objetivos y sólo la educación puede cambiar el mundo", refraseando aquella famosa sentencia pronunciada por Nelson Mandela muchos años atrás: "La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo".
¿Cómo transportarlo a nuestra realidad? ¿Cómo puede nuestro presidente mostrar en los hechos su voluntad? Veamos los hechos. El jueves 25 de julio de 2013, el papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud,  pronunció un movilizador discurso en el que, tras elogiar los esfuerzos de Brasil por integrar a todos a través de la lucha contra el hambre, advirtió: "La medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más necesitado".
¿Qué mejor modo de tratar a los necesitados que respetar su dignidad, al ayudarlos a reinsertarse en la sociedad productiva? Al fin y al cabo, como señala Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate: "El estar sin trabajo durante mucho tiempo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada minan la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual".
La educación, fundamentalmente técnica, y la capacitación laboral constituyen la hoja de ruta para enfrentar la pobreza, pero millones de beneficiarios de planes sociales no cuentan hoy con mayor capital humano que al comienzo de la década perdida. ¿Imaginemos tan sólo si diez años atrás se hubiese tomado conciencia de ello y se hubiese incentivado su capacitación? ¿Cuántos menos argentinos vivirían hoy en condiciones de pobreza?
El pasado el 1º de mayo el presidente Macri cumplió su promesa al hacer público el Plan de Empalme, que intentará reconvertir cientos de miles de planes sociales en empleo genuino. Macri señaló que la idea es que los beneficiarios de planes "puedan entrar a trabajar sin perder el plan. Las empresas pueden incluir ese plan que paga el Estado dentro de su salario y facilita que los puedan tomar".
Es claro que el nuevo plan facilitará la inserción laboral de beneficiarios de planes sociales en sectores donde el capital humano del trabajador no es un factor esencial, por ejemplo, la construcción o algunos servicios. Pero para que el plan tenga un real impacto es necesaria la capacitación y el entrenamiento profesional de millones de argentinos carentes de cualquier forma de capital humano.
¿Por qué entonces no exigirle a todo beneficiario que no pueda acceder a un trabajo mediante el plan de empalme que concurra a una escuela técnica de adultos o que tome cursos de entrenamiento profesional en un amplio menú de actividades productivas como requisito para cobrar la asignación? Este requerimiento sería similar al exigido para la asignación universal por hijo, donde es necesario demostrar la asistencia a las escuelas a los fines de recibir el respectivo subsidio.
¿Cuántos menos argentinos dependerán del apoyo del Estado si se implementase una política consistente con esta propuesta? Es hora de poner manos a la obra. Los resultados sólo se verán en el largo plazo, ese es el real dilema que enfrentará el presidente Macri al día siguiente de las elecciones legislativas.
Ese es el momento para lanzar la revolución educativa que sueña el Presidente y que no debería centrarse tan sólo en los niños sino en todo argentino carente de capital humano, en virtud de la trágica historia que le ha tocado vivir a nuestro país.

(*) Edgardo Zablotsky es miembro de la Academia Nacional de Educación y vicerrector de la Universidad del CEMA. Artículo publicado en Infobae el 12 de Julio de 2017